[copio y pego de Escolar.net]
El Gobierno de Esperanza Aguirre afirma que la dimisión de su director general de Urbanismo, Enrique Porto, es una “prueba de honorabilidad”.
Cronología de los hechos honorables, según El País:
1988. Enrique Porto compra una finca rústica de 2.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada (Madrid). Lo hace en compañía de su socio José María Fernández del Río, y de Ricardo Ortega, concuñado del alcalde de dicho municipio, Luis Partida (PP), por un precio de 24.000 euros.
1994. Elclansol, que desde 2001 incluye como accionista a la esposa de Porto (con régimen de gananciales), compra unas fincas que totalizan más de 20.000 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada por unos 63.000 euros.
Un documento revela que existe una cuarta parcela rústica a su nombre en Villanueva de la Cañada de unos 8.000 metros cuadrados.
1999. Se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, que incluye en el suelo urbanizable el sector de los Pocillos, en el que están enclavadas las tres primeras fincas, en las que ya se puede edificar.
Mayo de 2003. El anterior Gobierno regional devuelve al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada el plan parcial de Los Pocillos (obra de un socio de Porto), donde se ubican las tres primeras fincas del alto cargo, por encontrarle serias deficiencias que debe corregir en seis meses, plazo que se incumple.
Diciembre de 2003. Porto es nombrado director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid.
Agosto de 2004. Entra en Urbanismo el documento de subsanación de deficiencias, obra del socio de Porto.
Septiembre de 2004. Porto da por subsanadas las deficiencias y lo firma.
Enero de 2006. Porto y sus socios venden las tres primeras fincas por 4,3 millones de euros a Fadesa.
Ni en elmundo.es ni en ABC.es parece haber ahora ninguna referencia a la dimisión del alto cargo de la Administración de Aguirre.
En ABC.es van con otro ejemplo de ‘honor’ municipal: Un alcalde del PSOE permitió a su cuñado construir 1.200 casas ilegales en Alicante. La Generalitat valenciana ha retirado algunas competencias de urbanismo al municipio alicantino de Catral:
La observación directa por parte de técnicos de la Generalitat y las ortofotografías tomadas entre 2002 y 2005 revelan que se han construido, al menos, 1.270 viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo no urbanizable protegido, dado de que existen construcciones en el Parque Natural de El Hondo.
Con un poco de suerte, la cercanía de las elecciones locales servirá para ir ventilando el pozo negro de la corrupción en España, que reside en los Ayuntamientos. No pasa nada si El País se centra en los municipios gobernados por el PP y ABC en los del PSOE. Hay tanto trabajo pendiente que es mejor que se lo repartan.