Feb 13 2009
Alcalà alega la «catadura moral» del denunciante para pedir al Tribunal de Cuentas que no se les investigue
El organismo quiere examinar el presupuesto de 2008 y comprobar si hubo anomalías. Se trata de la presunta irregularidad en la que la Fiscalía ya ha visto un posible delito
Victoria Salinas, Castelló [Levante EMV]
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha solicitado al Tribunal de Cuentas que no siga adelante con la denuncia presentada por un ex funcionario y no investigue los presupuestos de 2008 atendiendo, entre otras cosas, a la «catadura moral» del denunciante y a las supuestas motivaciones de revancha que le han llevado a impugnar el presupuesto ante el organismo y también a remitir el caso ante la Fiscalía, que ha visto indicios de delito y pide la imputación del alcalde, tal como publicaba ayer Levante de Castelló.
Así se expresa el abogado del ayuntamiento en las alegaciones presentadas a la decisión del Tribunal de Cuentas de nombrar un instructor y de investigar para desentrañar si, como asegura el denunciante, el consistorio cometió presuntamente una irregularidad en la confección del presupuesto al haber abonado productividades a los funcionarios sin seguir el cauce legal.
En concreto, el representante legal del consistorio recuerda que los acuerdos municipales se notificaron tanto a la subdelegación del gobierno como a la Generalitat, «lo que constituye un aval importante, teniendo en cuenta que el sr. X (el denunciante) actúa movido por unos propósitos que denotan claramente su catadura moral, puesto que, no hay que olvidar que las razones y circunstancias por las cuales se produce su recurso se vinculan directamente a la extinción de su condición de empleado público municipal del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert».
Perjuicio patrimonial
En el escrito se alega, por otra parte, que la investigación no debería abrirse ya que no existen «indicios» de que pueda existir un perjuicio patrimonial para el ayuntamiento por el pago de este dinero ya que, en todo caso, se pagó por un trabajo de los funcionarios. Además se recuerda que la impugnación a los presupuestos, precisamente por este motivo, se está enjuiciando en el TSJ a través de un recurso contencioso por lo que, si cabe sanción por lo realizado, se dictará en aquella instancia «y correspondería la anulación de los presupuestos y el reintegro al ayuntamiento de las cantidades percibidas».
La posible investigación en el Tribunal de Cuentas es sólo uno de los tres frentes abiertos que tiene en estos momentos el equipo de gobierno de Alcalà y su alcalde, Francisco Juan Mars, todos por el mismo motivo. El presunto pago «irregular» en los presupuestos ha llevado a las Fiscalía a proponer que se impute al alcalde por un presunto delito de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, hechos por los que también se pide que declaren la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, y el interventor municipal.
Mientras, en el juzgado de instrucción 2 de Vinaròs se sigue una investigación paralela conectada con el caso siguiendo la pista del origen del dinero que se utilizó para pagar estas productividades y que, según la denuncia presentada en su día, provienen de la venta por subasta de una parcela pública, cuyos beneficios, según ley, deberían de haberse destinado a comprar suelo para la depuradora.
