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La justicia paraliza las obras del polémico puerto de Granadilla hasta conocer si el Gobierno canario descatalogó de manera irregular un lugar de especial protección medioambiental

Javier Salas [Público]

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió ayer suspender la decisión del Gobierno de Canarias de desproteger parte de los sebadales del sur de Tenerife. Esta medida supone la paralización indefinida de las obras de construcción del puerto de Granadilla de Abona, al sur de la isla, por el “daño irreversible al ecosistema marino” que el proyecto podría provocar a los sebadales que hay en la zona. La paralización se mantendrá hasta que se resuelva si el Gobierno insular descatalogó estos sebadales irregularmente para aprobar la obra.

“No imaginábamos que la Justicia se atreviera a ponerle freno a una infraestructura de este tamaño”, dijo ayer el presidente de Ben MagecEcologistas en Acción, Fran Castro, entusiasmado con el auto judicial. Y añadió: “Es el premio a la mayor movilización ciudadana de la historia de la isla”.

La isla de Tenerife está fracturada desde hace varios años en dos bloques: la ciudadanía, por un lado, frente a políticos y empresarios, partidarios de la construcción de un segundo puerto de trasbordo de mercancías en Granadilla de Abona. La construcción de esta infraestructura comenzó hace tres semanas y, según todos los informes científicos, supone una grave agresión contra una zona que exige una especial protección medioambiental. La Comisión Europea envió hace dos semanas un requerimiento a España por no haber reforzado la categoría de conservación de los sebadales. Según reconoce el propio tribunal, “los sebadales (Cymodocea nodosa) son uno de los hábitat naturales más ricos en especies y de mayor productividad del medio marino de Canarias”.

El Gobierno de Canarias descatalogó, a principios de febrero, únicamente la parte de los sebadales del sur que frenaban el comienzo de las obras del Puerto de Granadilla (como muestra el gráfico). Y lo hizo irregularmente, según la denuncia de Ecologistas en Acción recogida por la fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia, que abrió una investigación sobre las supuestas ilegalidades cometidas en el procedimiento por parte de la Consejería de Medio Ambiente de Canarias. Su consejero, Domingo Berriel, modificó el informe del Servicio de Biodiversidad para justificar la descatalogación del sebadal e hizo desaparecer precisamente el párrafo en el que los técnicos aseguraban que “no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación”.

“Como alcaldesa, estoy satisfecha con la decisión judicial; desde la perspectiva del partido, espero que no tenga consecuencias jurídicas negativas para el consejero Berriel”, aseguró ayer a Público la alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves, de Coalición Canaria pero contraria a la construcción del puerto. Es una muestra más de que, desde que el Gobierno canario, formado en coalición por nacionalistas y el Partido Popular, anunciara en 2002 la construcción del puerto de Granadilla, esta historia se ha convertido en una sucesión de enredos políticos y judiciales, con los intereses empresariales como marejada de fondo.

Plan energético

Canarias se encuentra ahora en una difícil encrucijada: sin el puerto, se frenará el Plan Energético de Canarias, que contempla la llegada del gas natural a Tenerife y Gran Canaria. Las obras de construcción de la planta regasificadora ya están adjudicadas (por 490 millones de euros), pero sin un puerto que dé cobijo a los barcos que transportan el gas en estado líquido esa central será como un grifo sin tubería. La regasificadora se situaría junto a la central térmica de Granadilla (de Endesa), cuyas obras de adaptación al nuevo combustible también se han paralizado por irregularidades urbanísticas. Detrás de la planta de regasificación se encuentra Gascan, una sociedad empresarial creada en 1999 y participada por Endesa y un consorcio de empresarios locales.

El programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional contemplaba 50 millones de euros para la construcción de la regasificadora, y además financiaba la primera fase de las obras del puerto con alrededor de 100 millones de euros, siempre con la excusa de la saturación del principal puerto de la isla, el de Santa Cruz. Esta infraestructura, sin embargo, ronda el 50% de ocupación y, aun así, se encuentra inmerso en obras de ampliación financiadas también con fondos europeos.

“Hay un entramado de intereses empresariales que explican lo que está pasando”, denuncia Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada. “No hay un solo argumento solvente a favor del puerto, carece de ninguna lógica económica”, asegura. “Se utiliza como argumento la creación de empleo en la isla, pero primero se anunciaron 20.000 puestos de trabajo, que ahora dejan en 600. Y según nuestros cálculos, no pasarían de seis docenas de empleos”, calcula este profesor, premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2004 y uno de los ciudadanos que ha encabezado la respuesta social desencadenada en la isla, que ha cogido en fuera de juego a los partidos políticos.

Fue la Comisión Europea quien aprobó el puerto en 2005, gracias al apoyo del Gobierno de Zapatero, siempre que se atuviera a la legalidad y se tomaran medidas para mitigar el daño medioambiental. Se acordó reducir sensiblemente el tamaño de la infraestructura, hasta en dos ocasiones, en un intento de minimizar su impacto negativo. Aun así, ayer mismo, investigadores del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid se sumaron a los biólogos locales en su petición a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que desestimen la obra y “protejan uno de los rincones de mayor diversidad genética de Canarias”.

Estamos habituados a recibir de Falsimedia toda clase de intoxicaciones informativas sobre Venezuela y el resto de países que con mayor o menor fortuna se atreven a plantar cara al capitalismo. La pesca de arrastre es el paradigma de la explotación de los mares según el credo capitalista; el arquetipo del expolio insostenible y asesino de los recursos naturales de nuestros mares en pos de un cuestionable beneficio inmediato y egoísta, que desprecia las consecuencias sobre un patrimonio natural que es de todos.

El pasado 14 de marzo el gobierno bolivariano de Venezuela publicó la nueva ley de Pesca y acuicultura dónde entre otras cosas, y como uno de los aspectos más destacados se establece la prohibición total de la pesca de arrastre en sus aguas jurisdiccionales a partir del próximo marzo de 2009.

Ningún medio de comunicación de Falsimedia se ha hecho eco de tan importante noticia; de Venezuela solo se puede hablar si es en contra, el rigor y el respeto a la verdad son lo de menos.

Tengo envidia de Venezuela y me pregunto, para cuando una legislación similar en España, o en la UE, o por qué no, una prohibición internacional, y ya puestos, hablemos también de la pesca de cerco, las redes de deriva, etc.

La captura de arrastre vive sus últimos días en Venezuela, en medio de manifestaciones de pescadores artesanales en favor de la nueva ley sobre la materia dictada por el presidente Hugo Chávez. La nueva ley prevé un período de transición de un año, hasta marzo de 2009, para que las empresas y barcos de arrastre migren hacia otras formas de actividad marina.

“La rastropesca va acabando con las especies. Nosotros pescamos con anzuelo, un pargo, otro, un mero, y así vamos faenando. Antes llenábamos los botes en una noche, pero desde hace años no es así y a veces regresamos con las manos vacías, nos sentimos muy mal por eso”, dijo Manuel González, un veterano de la Asociación de Pescadores de Río Caribe, población caribeña ubicada 550 kilómetros al noreste de Caracas.

Grupos de pescadores han organizado marchas en Caracas, junto a camiones que cargan algunos de sus botes, para mostrar respaldo a la Ley de Pesca y Acuicultura, reformada por Chávez en marzo mediante un decreto-ley que proscribe la faena de arrastre.

La anterior ley, también promulgada por Chávez en 2001, sólo prohibía la pesca de arrastre a menos de seis millas (unos 11 kilómetros) de las costas de tierra firme o a menos de 10 millas (18,5 kilómetros) de las costas insulares.

El nuevo texto proscribe la actividad de arrastre en todas las aguas jurisdiccionales de Venezuela, algo que según González “practicaban barcos italianos y españoles que hemos visto y no solamente venezolanos”.

En una marcha en Caracas realizada el jueves, Franklin Hernández, del Frente de Pescadores Socialistas del estado de Sucre, donde está Río Caribe, indicó que “los pescadores artesanales somos los que en verdad abastecemos al país. No habrá desabastecimiento de pescado y apoyamos cien por ciento la nueva ley”.

Tras otra marcha, en Puerto La Cruz, 300 kilómetros al este de Caracas, Adrián Carías, portavoz de los pescadores del sector Los Cocos, dijo que “cuando esta ley entre en vigencia empezaremos a ver los resultados favorables a la pesca y el que ganará será el pueblo, porque cuando haya bastantes especies tendrán que bajar el precio del pescado”.

El ministro de Agricultura, Elías Jaua, dijo que “prohibir la pesca de arrastre no causará escasez, porque los pescadores artesanales aportan 70 por ciento de la producción y la pesca industrial 30 por ciento, pero la de arrastre es sólo seis por ciento del total”.

Sin embargo, las cifras de la Asociación de Industriales de la Pesca de Arrastre indican que sus afiliados aportan 70.000 toneladas anuales de pescado. Según el Ministerio de Agricultura, la pesca total en Venezuela en 2007 llegó a las 267.000 toneladas.

“Las especies más baratas para el consumidor son aportadas por la pesca de arrastre, por lo que el cierre de nuestra actividad va a incidir en la disposición del producto y el bolsillo de la gente”, dijo a IPS Damiano Mitrano, portavoz de la Asociación.

Un total de 263 barcos arrastreros faenan en aguas venezolanas, y desde que se promulgó la ley hace tres semanas están varados. “Se afecta la labor de 6.500 personas que trabajan en la industria y de unos 26.000 trabajadores indirectos”, advirtió Luis Guilarte, gerente del puerto de la oriental ciudad de Cumaná.

La nueva ley prevé un período de transición de un año, hasta marzo de 2009, para que las empresas y barcos de arrastre migren hacia otras formas de actividad marina.

“Será difícil, estamos de manos cruzadas. Otras actividades a las que podríamos emigrar están prohibidas por convenios internacionales o requieren de más tiempo, financiamiento y otros apoyos del Estado”, consideró Medrano.

Por su parte, Gilberto Giménez, presidente del Instituto Socialista de Pesca, ente estatal regulador, dijo que entregará permisos provisionales semestrales a barcos arrastreros durante el período de transición, pero apenas un puñado de embarcaciones cuenta con esas licencias desde que se dictó la ley.

“Los motivos de la nueva ley son ecológicos. El dragado de las rastropescadoras afecta en un año a más de 68.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que, si continúa esa actividad, para 2048 se agotarán las especies marinas”, dijo Jiménez.

FAO sostiene estudios según los cuales dos tercios de las existencias de peces en los mares del mundo son sobreexplotadas y las más amenazadas son las ubicadas cerca de las costas. La pesca mundial se ha estancado en las últimas décadas entre 85 y 95 millones de toneladas anuales, como señal de la sobreexplotación de las reservas marinas. Jaua dijo que “la prohibición de la pesca de arrastre industrial ha sido una solicitud de los pescadores artesanales, acuicultores, grupos ecologistas y sectores académicos relacionados con la preservación de los recursos marítimos y fluviales y, se corresponde con las tendencias mundiales en esta materia”.

Agregó que “los industriales de la pesca de arrastre tienen la posibilidad de convertirse a otras artes de pesca, menos agresivas con el ambiente. Si no lo hacen, el Estado puede absorber unos 700 trabajadores en una nueva empresa mixta pesquera que estableceremos con Cuba” e incluirá plantas de procesamiento.

La nueva ley establece que los pescadores deben entregar, de modo gratuito, cinco por ciento de la captura a instituciones estatales y comunitarias dedicadas a la alimentación. La entrega de pescado gratis a los vecinos más pobres es una costumbre ancestral en las comunidades pesqueras ribereñas del Caribe venezolano.

También atribuye al Estado la potestad de fijar los precios de los productos del mar a lo largo de la cadena comercializadora. En Venezuela hace más de 20 años que los precios al detalle de las mejores especies de pescado superan ampliamente los de la carne vacuna.

Si un kilogramo de sardinas puede comprarse en algo más de dos dólares y otras especies populares entre cuatro y ocho, un kilogramo de pargo o mero se cotiza sobre los 20 dólares

Una juez norteamericana prohíbe el uso de un sonar militar en un santuario de cetáceos

SERGIO ROSSI -Público

Por primera vez, la justicia se pone de parte de los cetáceos para acotar el uso de tecnología sonar en unas maniobras militares de la US Navy, la armada estadounidense. El pasado 3 de enero, la juez federal Florence-Marie Cooper dictó una sentencia histórica. En las maniobras militares programadas por los norteamericanos para dentro de un año, no podrá utilizarse el sonar tipo MFA (Mid-Frequency-Active Sonar) en una franja costera de más de 22 kilómetros en California, considerada un santuario de cetáceos.

La juez se basa, entre otros, en los estudios científicos de Robin Baird, del Cascadia Research Collective, en Washington, en los que el investigador demuestra la causa-efecto de determinado tipo de aparatos cazasubmarinos. El sistema de detección de sumergibles utiliza embarcaciones en las que se coloca un emisor-receptor de ondas de alta intensidad y baja frecuencia, capaces de detectar un objeto a más de 100 kilómetros de distancia.

Hemorragias internas

En este radio, las ballenas ya detectan las ondas, por lo que pueden huir apresuradamente del lugar o, en el peor de los casos, perder el control y varar en las playas tras sufrir graves daños, como hemorragias internas o accidentes de descompresión.

La sentencia judicial tiene tras de sí una larga historia de varamientos y muertes poco explicables relacionadas con maniobras militares. Ya en 1998, un artículo publicado en la revista Nature por el investigador Alexander Frantzis daba como principal motivo del varamiento de 14 ballenas en playas griegas las maniobras de la OTAN con tecnología similar, el LFAS (Low Frequency Active Sonar).

“Me costó el puesto de trabajo en mi universidad”, comenta Frantzis, al que después volvieron a incorporar como profesor de investigación. Demasiada coincidencia: no podía ser que una especie como el zifio, que apenas sufre varamientos, se encontrase desperdigado por las playas justo después de unas maniobras militares. “Las ballenas, cuando varan por desorientación u otras causas, lo suelen hacer todas en un mismo punto”, comenta. “Pero, en las playas de Kyparissiakos, las ballenas se encontraban alejadas unas de otras, como salidas de puntos muy distintos”, asegura el profesor.

Tras un largo recorrido, la ciencia ha demostrado las posibles causas que provocan los varamientos y muerte de estos mamíferos marinos a través de rigurosos estudios, en una carrera contra el reloj acelerada durante esta última década. Y lo más curioso es la causa que los provoca: según la hipótesis científica más plausible, los animales -delfines, calderones, zifios- identificarían las señales de baja frecuencia de los cazasubmarinos con los infrasonidos emitidos por las orcas, las ballenas asesinas.

Presas del pánico

Robin Baird explica las consecuencias de esta confusión: “Presos del pánico, los animales de estas especies subirían a la superficie sufriendo graves lesiones por la rapidez del ascenso, que los mataría tras un accidente de descompresión súbita”.

La US Navy acata a regañadientes la sentencia de la juez Florence-Marie Cooper, pero no está de acuerdo con ella. Este tipo de sistema de detección es considerado básico para la defensa nacional, pues con pocos barcos se puede abarcar un área muy grande gracias a la potencia de estos aparatos. A pesar del reducido tamaño del espacio en el que se prohíbe la utilización de este tipo de tecnología en las costas de California (más de un científico lo ve como algo casi simbólico), el resultado de años de investigación ha desembocado en una sentencia sin precedentes.

En España ya existe un acuerdo

En 2002, unas maniobras para probar la potencia de los detectores submarinos provocaron el varamiento de 27 cetáceos, de los cuales 14 murieron. A raíz de este incidente, en 2003, el Ministerio de Defensa español comenzó a reconocer los posibles efectos de las maniobras militares como causa de mortalidad de los cetáceos, pero no ha tomado cartas en el asunto hasta fechas muy recientes.

El 17 de diciembre de 2007, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno canario y los ministerios de Defensa y Medio Ambiente. Según este acuerdo, se invertirán 800.000 euros durante los próximos tres años para comprender mejor la distribución, abundancia y comportamiento de los cetáceos presentes en el archipiélago canario. Además, se limitan claramente las maniobras militares a más de 50 millas náuticas de la costa y se restringe el uso de determinado tipo de aparatos para no perjudicar las poblaciones locales.