La captura de arrastre vive sus últimos días en Venezuela, en medio de manifestaciones de pescadores artesanales en favor de la nueva ley sobre la materia dictada por el presidente Hugo Chávez. La nueva ley prevé un período de transición de un año, hasta marzo de 2009, para que las empresas y barcos de arrastre migren hacia otras formas de actividad marina.
“La rastropesca va acabando con las especies. Nosotros pescamos con anzuelo, un pargo, otro, un mero, y así vamos faenando. Antes llenábamos los botes en una noche, pero desde hace años no es así y a veces regresamos con las manos vacías, nos sentimos muy mal por eso”, dijo Manuel González, un veterano de la Asociación de Pescadores de Río Caribe, población caribeña ubicada 550 kilómetros al noreste de Caracas.
Grupos de pescadores han organizado marchas en Caracas, junto a camiones que cargan algunos de sus botes, para mostrar respaldo a la Ley de Pesca y Acuicultura, reformada por Chávez en marzo mediante un decreto-ley que proscribe la faena de arrastre.
La anterior ley, también promulgada por Chávez en 2001, sólo prohibía la pesca de arrastre a menos de seis millas (unos 11 kilómetros) de las costas de tierra firme o a menos de 10 millas (18,5 kilómetros) de las costas insulares.
El nuevo texto proscribe la actividad de arrastre en todas las aguas jurisdiccionales de Venezuela, algo que según González “practicaban barcos italianos y españoles que hemos visto y no solamente venezolanos”.
En una marcha en Caracas realizada el jueves, Franklin Hernández, del Frente de Pescadores Socialistas del estado de Sucre, donde está Río Caribe, indicó que “los pescadores artesanales somos los que en verdad abastecemos al país. No habrá desabastecimiento de pescado y apoyamos cien por ciento la nueva ley”.
Tras otra marcha, en Puerto La Cruz, 300 kilómetros al este de Caracas, Adrián Carías, portavoz de los pescadores del sector Los Cocos, dijo que “cuando esta ley entre en vigencia empezaremos a ver los resultados favorables a la pesca y el que ganará será el pueblo, porque cuando haya bastantes especies tendrán que bajar el precio del pescado”.
El ministro de Agricultura, Elías Jaua, dijo que “prohibir la pesca de arrastre no causará escasez, porque los pescadores artesanales aportan 70 por ciento de la producción y la pesca industrial 30 por ciento, pero la de arrastre es sólo seis por ciento del total”.
Sin embargo, las cifras de la Asociación de Industriales de la Pesca de Arrastre indican que sus afiliados aportan 70.000 toneladas anuales de pescado. Según el Ministerio de Agricultura, la pesca total en Venezuela en 2007 llegó a las 267.000 toneladas.
“Las especies más baratas para el consumidor son aportadas por la pesca de arrastre, por lo que el cierre de nuestra actividad va a incidir en la disposición del producto y el bolsillo de la gente”, dijo a IPS Damiano Mitrano, portavoz de la Asociación.
Un total de 263 barcos arrastreros faenan en aguas venezolanas, y desde que se promulgó la ley hace tres semanas están varados. “Se afecta la labor de 6.500 personas que trabajan en la industria y de unos 26.000 trabajadores indirectos”, advirtió Luis Guilarte, gerente del puerto de la oriental ciudad de Cumaná.
La nueva ley prevé un período de transición de un año, hasta marzo de 2009, para que las empresas y barcos de arrastre migren hacia otras formas de actividad marina.
“Será difícil, estamos de manos cruzadas. Otras actividades a las que podríamos emigrar están prohibidas por convenios internacionales o requieren de más tiempo, financiamiento y otros apoyos del Estado”, consideró Medrano.
Por su parte, Gilberto Giménez, presidente del Instituto Socialista de Pesca, ente estatal regulador, dijo que entregará permisos provisionales semestrales a barcos arrastreros durante el período de transición, pero apenas un puñado de embarcaciones cuenta con esas licencias desde que se dictó la ley.
“Los motivos de la nueva ley son ecológicos. El dragado de las rastropescadoras afecta en un año a más de 68.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que, si continúa esa actividad, para 2048 se agotarán las especies marinas”, dijo Jiménez.
FAO sostiene estudios según los cuales dos tercios de las existencias de peces en los mares del mundo son sobreexplotadas y las más amenazadas son las ubicadas cerca de las costas. La pesca mundial se ha estancado en las últimas décadas entre 85 y 95 millones de toneladas anuales, como señal de la sobreexplotación de las reservas marinas. Jaua dijo que “la prohibición de la pesca de arrastre industrial ha sido una solicitud de los pescadores artesanales, acuicultores, grupos ecologistas y sectores académicos relacionados con la preservación de los recursos marítimos y fluviales y, se corresponde con las tendencias mundiales en esta materia”.
Agregó que “los industriales de la pesca de arrastre tienen la posibilidad de convertirse a otras artes de pesca, menos agresivas con el ambiente. Si no lo hacen, el Estado puede absorber unos 700 trabajadores en una nueva empresa mixta pesquera que estableceremos con Cuba” e incluirá plantas de procesamiento.
La nueva ley establece que los pescadores deben entregar, de modo gratuito, cinco por ciento de la captura a instituciones estatales y comunitarias dedicadas a la alimentación. La entrega de pescado gratis a los vecinos más pobres es una costumbre ancestral en las comunidades pesqueras ribereñas del Caribe venezolano.
También atribuye al Estado la potestad de fijar los precios de los productos del mar a lo largo de la cadena comercializadora. En Venezuela hace más de 20 años que los precios al detalle de las mejores especies de pescado superan ampliamente los de la carne vacuna.
Si un kilogramo de sardinas puede comprarse en algo más de dos dólares y otras especies populares entre cuatro y ocho, un kilogramo de pargo o mero se cotiza sobre los 20 dólares
«Esto es una ruina. No nos va a quedar más remedio que amarrar los barcos». De esta forma mostraban su preocupación varios armadores de buques de Gran Sol que ayer descargaron y subastaron sus capturas en la lonja de A Coruña. Y no era para menos. La baja cotización que alcanzó la pescadilla en la rula obligó a destinar a la elaboración de harina y a beneficencia alrededor de 500 cajas de esta especie, lo que significa que se desecharon unas diez toneladas de producto. El precio de cada una de las cajas -de entre 20 y 25 kilos de peso- se situó entre uno y tres euros; es decir, que el kilo de la especie se pagó a 0,06 euros.
El Fondo Mundial para la Naturaleza 
MANUEL ANSEDE - 
